miércoles, 23 de mayo de 2012

Caducidad y prescripción: efecto suspensivo de la mediación. / SALERNO, MARCELO U.

MEDIACION:OBJETO;REQUISITOS;REGIMEN LEGAL-CADUCIDAD-EFECTO SUSPENSIVO-PRESCRIPCION Texto I.INTRODUCCION En oportunidad de ser sancionada la ley 25661, en el año 2002, analicé la incidencia de la mediación y conciliación obligatoria sobre el curso del plazo de la prescripción liberatoria (nota). Dije entonces que estábamos "en presencia de un régimen frágil y vacilante", de dudosa constitucionalidad. Ese análisis se basó en habérsele dado entonces efecto suspensivo a la mediación, en oportunidad de modificarse el art. 29, ley 24573 (nota). Pasó más de un lustro desde dicha sanción. Ahora el Congreso formuló una nueva norma para sustituir la anterior (ley 26589, publicada en el BO del 6/5/2010). Había urgencia en la sanción, dado que el régimen de mediación era transitorio y podía quedar abrogado. Junto con el nuevo estatuto legal, se incorporaron varias reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Considero indispensable comentar los alcances de la disposición en vigor, la cual lleva por título "Prescripción y caducidad". El art. 18, ley 26589 declara que "La mediación suspende el plazo de prescripción y de la caducidad" en tres casos puntuales que seguidamente enumera, los cuales coinciden con los indicados en los incs. a, b y c del artículo anterior. Vuelve a plantearse el tema del efecto suspensivo causado por una instancia prejudicial sobre el plazo extintivo de la prescripción liberatoria. Ninguna medida legislativa de inferior jerarquía puede alterar el Código Civil, pues solamente a dicho cuerpo legal le corresponde regular esta materia (arts. 3966 a 3983, inclusive). Sin embargo, la ley 26589 reincide en ese terreno, contrariando al ius commune, aun cuando sólo sea aplicable en aquellas jurisdicciones donde rige la mediación como modo alternativo para solucionar conflictos, según el objeto definido en el art. 1 de la mencionada ley. Evidentemente, como muchas provincias no pudieron o no quisieron estructurar un régimen de esas características, se encuentran fuera de su órbita (véase, también, el reconocimiento hecho en el art. 43, ley 26589). Es decir, la referida instancia previa ante un mediador tendría la virtud de "inutilizar para la prescripción el tiempo por el cual ella ha durado" (art. 3983, CCiv.). En cambio, no sería una demanda interruptiva del plazo cumplido (art. 3986, párr. 1, CCiv.). Se omitió explicar la razón por la cual se da a la mediación efecto suspensivo y, en cambio, se le niega efecto interruptivo. Señalo este criterio contradictorio como una falla de técnica legislativa, aunque es válido pensar que la finalidad perseguida por el legislador sería dar una directiva genérica al intérprete en ese supuesto. Acerca de la suspensión del plazo de caducidad, dedicaré a esta figura algunas consideraciones adicionales. II. EN TORNO A LA CADUCIDAD El instituto al cual se le asigna la función de operar como plazo extintivo de algunos derechos ha sido impuesto en normas específicas con un carácter empírico. Adolece de una teoría general dentro del Código Civil, como ocurre con la prescripción. Existen derechos y acciones que cesan automáticamente cuando no se ejercen dentro del plazo legal durante un período continuo y completo, perdiendo todos sus posibles efectos. Los casos regulados han sido descubiertos luego de su entrada en vigor, respondiendo a criterios doctrinarios de autores modernos y al derecho comparado. Messineo dedicó algunas páginas para explicar esta figura, a raíz de haber sido incorporada en 1942 en Italia bajo la voz "decadencia" (nota). En su obra define este instituto como un "evento vinculado a la inobservancia de un término"; agrega que la ley requiere "el cumplimiento en tiempo del acto" y que "se priva del derecho a quien ha omitido ejercitarlo dentro de aquel término". La caducidad, conforme a su naturaleza, no admite interrupción. Pondré a modo de ejemplo la responsabilidad del constructor por ruina de la obra, la cual le impone la obligación de indemnizar el daño causado, siempre que la ruina total o parcial se produzca dentro de los diez años de recibido el edificio por el dueño (art. 1646, CCiv., reformado en 1968 por la ley 17711). Asimismo, otra disposición otorga un plazo de 60 días al comitente para denunciar la existencia de defectos ocultos a partir de la fecha de ser advertidos (art. 1647 bis, CCiv.; ley 17711). Los dos ejemplos propuestos ponen de manifiesto que resulta inaplicable la suspensión de ambos plazos. Una vez vencidos, según el cómputo a efectuar conforme al art. 27, CCiv., es imposible darles vigencia o prorrogarlos en la práctica, porque caducaron ipso iure. Más claro aún es el caso de la ruina: a los diez años de entregada la construcción levantada por el empresario, éste se libera de toda responsabilidad; esa liberación es un derecho adquirido por el constructor, quien puede oponerlo como defensa si fuese accionado judicialmente. Recuerdo, además, otros supuestos considerados plazos fijos de caducidad que se encuentran en el Código Civil en su versión original: a) derecho de preferencia para adquirir bienes (art. 1393); b) ejercicio del locador de su privilegio sobre el inmueble alquilado (art. 3885); c) acción reivindicatoria del vendedor de cosas muebles (art. 3985); d) acción resarcitoria derivada del incumplimiento de una promesa de mutuo oneroso (art. 2244); e) pacto de mejor comprador (art. 1400); f) pactos de retroventa y reventa (arts. 1381, 1382 y 1391); g) inscripciones registrales de derechos reales: usufructo, uso y habitación, hipotecas, superficie forestal, embargos, inhibiciones, etc. Se trata de hechos que deben acontecer en determinado tiempo, pasado el cual pierden virtualidad; es un plazo de preclusión. Dentro de ese lapso, si ocurren los hechos previstos por la ley, nacen derechos y acciones. Si ello no aconteciera, porque la ruina sucede después o los defectos ocultos no hubiesen sido denunciados oportunamente, nada se puede reclamar, ni es posible ejercer ningún derecho. La diferencia con la prescripción es que en esta hipótesis sólo se extingue la acción. En cuanto a las acciones de estado de familia, se presentan variados casos que se extinguen por caducidad, tema abordado oportunamente por Lidia B. Hernández (nota). De manera que en la especie no resulta apropiado otorgar el beneficio de la suspensión del plazo ya cumplido a la caducidad operada por vencimiento del plazo extintivo, tal como lo dispone la nueva norma legal (nota). Acaso, en una posición amplia, pueda llegarse a sostener que el legislador tuvo en mira que la mediación tendría lugar dentro del plazo de caducidad. Pero no lo expresó en esos términos. III. INSTANTE EN QUE OPERA LA SUSPENSION El factor tiempo tiene incidencia en el ejercicio de las acciones para que éstas sean oportunas. Se dice que una actuación es extemporánea cuando ha sido planteada fuera del lapso previsto para que tenga eficacia, ya sea antes de comenzar el curso del plazo o a posteriori de haber vencido. Hoy se habla del "derecho flexible" -expresión acuñada por Carbonnier- para evitar caer en un rigorismo estricto, incompatible con el sentido de lo justo. Desde la antigüedad ya se contemplaban remedios para situaciones de excepción, previéndose la posibilidad de suspender el curso de los plazos, o bien de interrumpirlo. En esta nueva norma se insiste en dar efecto suspensivo a la mediación, sin advertir que la demanda judicial o los actos preparatorios en sede judicial tienen por sí el mismo alcance interruptivo (art. 3986, párr. 1, CCiv.). El texto anterior remitía al citado art. 3986, párr. 2, agregado por la ley 17711, el cual se refería a la suspensión del plazo, pero esa remisión ahora ha sido eliminada; en su momento señalé que se había incurrido en un vacío cuando el requirente había interpelado al requerido antes de la mediación a fin de constituirlo en mora. Considero saludable dicha eliminación (nota). El plazo de suspensión comienza a correr según hubiese habido "acuerdo de partes" para designar a la persona profesional a cargo de la mediación, el mediador fuese "propuesto por el requirente" o el citado funcionario fuese designado "por sorteo". La nueva norma entra en complejos detalles reglamentarios, que bien se podrían haber obviado en aras de la sencillez preceptiva. Asimismo, hubiera sido preferible distinguir entre la llamada mediación privada y la mediación oficial, para no complicar al justiciable. No cabe duda de que el envío del documento para notificar al requerido es suficiente y que la adjudicación por sorteo también lo es; en el primer supuesto es una carga impuesta al mediador, quien asume la responsabilidad derivada de ese acto en el cual resulta imprescindible precisar el objeto de la citación. Esta instancia prejudicial puede concluir sin haber habido acuerdo entre las partes, por inasistencia de una de ellas o por la imposibilidad de notificar la audiencia al requerido. Corresponde "labrar el acta de cierre del procedimiento", y a partir de que dicha acta es puesta a disposición de las partes corren veinte días más de suspensión del plazo. Asimismo, concluye por caducidad de la instancia "si no se inicia el proceso judicial dentro del año a contar desde la fecha en que se expidió el acta de cierre" (art. 51, ley 25589). IV. APORTES CRITICOS Si no fue satisfactorio el texto de la ley 25661, la disposición bajo comentario tampoco lo es, sino que antes bien merece una crítica destinada a perfeccionar la normativa vigente, adecuándola al sistema de nuestro ordenamiento. Pareciera que el legislador ha ido cambiando de criterio, sin precisión en la terminología ni en los conceptos que emplea. Anda y desanda, como si se hubiese extraviado de camino, lo cual no es saludable para la seguridad jurídica (nota). En modo alguno ello significa desconocer la función conciliadora que persigue la mediación para evitar largos y costosos procesos judiciales. Hoy más que nunca resulta necesario pacificar, evitando discusiones estériles. Va de su suyo que en particular habría que dirigir la mirada hacia las pequeñas causas, de poca trascendencia económica, problema que urge resolver. La mediación previa obligatoria ahora pasó a ser un requisito de la demanda (art. 2, ley 26589). En ese sentido, el acta que levantará el mediador debe contener "el objeto de la controversia" (art. 3, inc. d, ley 26589). Éste es el nudo de la cuestión, ya que desde un punto de vista formal resulta imprescindible designar "la cosa demandada" con toda exactitud (art. 330, inc. 3, CPCCN). Se ha sostenido que la acción judicial interpuesta no sólo debe precisar su objeto, sino que además debe ser dirigida a personas con legitimación pasiva. En cuanto al efecto suspensivo de la mediación, dicho efecto "opera contra todas las partes" cuando éstas se pusieron de acuerdo en designar al mediador, o cuando éste fue sorteado oficialmente. Pero si el mediador sólo fue propuesto por el requirente, opera respecto de la persona a quien se le dirigió la notificación de la audiencia. No hay explicación sobre este último punto, y es difícil encontrarla. Puede advertirse que se intenta alterar el derecho común, intento fallido por carecer de sustento constitucional. La vía elegida ha sido el "procedimiento" extrajudicial, por lo demás. Más que despejar incógnitas, se las profundiza. Si la intención de que medien las partes es buena, ello no autoriza a pasar por alto institutos de sólida raigambre esculpidos en la pétrea estructura del Código Civil. Máxime cuanto los casos de "suspensión" de la prescripción fueron reducidos en la reforma legislativa de 1968. Notas al pie: Salerno, Marcelo U., "Efecto de la mediación sobre el curso de la prescripción", LL 2003-A-970. La primera ley que impuso la mediación obligatoria data del año 1995; después de transcurridos quince años se decide dictar un nuevo régimen. Observo que desde el retorno a la democracia republicana el Congreso dictó sucesivamente varias leyes modificatorias de la misma materia, como son los casos de regímenes de los trasplantes de órganos anatómicos y de defensa del consumidor. Pareciera que sigue un constante criterio reformista. Messineo, Francesco, "Manual de Derecho Civil y Comercial", t. II, Ed. EJEA, Buenos Aires, 1954, p. 75 y ss. Hernández, Lidia B., "Derecho de Familia", en Salerno, Marcelo U. y otros, "Prescripción liberatoria y caducidad", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 102. López Herrera, Edgardo, "Tratado de la prescripción liberatoria", t. I, reimpresión de la 1& ed., Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2007, p. 489. Este autor afirma: "Dice la generalidad de la doctrina que la prescripción puede ser interrumpida o suspendida, mientras ello no sucede con la caducidad. La caducidad corre siempre, incluso durante el matrimonio o la minoridad, sostiene prestigiosa doctrina como ejemplo del enunciado". Salerno, Marcelo U., "Efecto de la mediación..." cit. Salerno, Marcelo U., "En torno a la calidad institucional. A propósito de la constitución de la sociedad civil", en Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, "Calidad institucional o decadencia republicana", Ed. Lajouane, Buenos Aires, 2007, ps. 120/121. Publicación: www.lexisnexis.com.ar, 6 de Octubre de 2010.

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